El Tribunal Constitucional declara nulo el cobro de este impuesto, que reportaba 13 millones de euros al Ayuntamiento de nuestra ciudad. Alcorcón, ante el “mazazo” de la eliminación del impuesto de la plusvalía
Los vecinos de Alcorcón ya no tendrán que pagar la famosa plusvalía cuando vendan, hereden o donen una vivienda. O al menos, de momento. Este martes, el Tribunal Constitucional declaró nulo en toda España este impuesto, que grava el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), y que es conocido comúnmente como el impuesto de la plusvalía municipal. Un tributo que se aplicaba al respecto de los traspasos de las viviendas, y que se paga siempre que un contribuyente hereda, vende o dona una casa.
“Hasta ahora, se entendía que el valor del suelo del inmueble se habría revalorizado durante el tiempo en que la casa había estado en manos del anterior propietario. Y, por tanto, había que compensar esa subida con este impuesto”, explica a alcorconhoy.com la abogada Cristina Ortega, el rostro al frente del Despacho Jurídico VizOr de Alcorcón. Sin embargo, a partir de ahora no será así, pues el impuesto ha quedado anulado por transgredir el Artículo 31 de la Constitución Española, que proclama los principios de igualdad, progresividad y capacidad económica en la contribución al sostenimiento del gasto público. Un precepto, en ese sentido, que no se respetaba por la fórmula utilizada para calcular esta plusvalía. Pues partía siempre de un aumento en el valor del suelo, aún con venta en pérdida o en minusvalía.
Avisos previos
En 2017, el Tribunal Constitucional ya derogó los Artículos 107 y 110 de la Ley de Haciendas Locales. Una decisión que emplazaba al poder legislativo a no aplicar este impuesto de plusvalía en las viviendas con minusvalía en su traspaso. Por poner un ejemplo, en aquellas viviendas que se hubieran adquirido a 200.000 euros, pero que se hubieran vendido en 150.000.
Dos años más tarde, en 2019, el Constitucional asestó otro golpe a este impuesto. Entonces, lo declaraba nulo siempre que el porcentaje de incremento patrimonial (la diferencia entre la compra y la venta del inmueble) fuera inferior al porcentaje de plusvalía. Sin embargo, el poder legislativo siguió aplicando esa fórmula de cobro, por lo que ahora el tributo ha quedado nulo de pleno derecho.
“Es un impuesto confiscatorio, que no es progresivo y que no grava la capacidad económica de una persona. Va en contra del Artículo 31 de la Constitución. Un mismo hecho imponible, el incremento patrimonial, se estaba gravando dos veces y en dos impuestos diferentes: a nivel estatal, con el IRPF, y a nivel local, con la plusvalía municipal. En 2017, el Constitucional ya derogó dos artículos de la Ley de Haciendas Locales. En 2019 dio un segundo toque al poder legislativo. Y ahora, ha anulado el tributo”, refiere la letrada al frente del Despacho Jurídico VizOr, ubicado en la la Calle Fábricas, 1, de Alcorcón. Y más concretamente, en la Oficina 7 del Edificio Jolva.
El Ayuntamiento pide soluciones
Una decisión, la de suprimir este gravamen, que ha sido clasificada como un “mazazo” por parte de la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés. “Tenemos 13 millones de euros de ingresos de plusvalía presupuestados para este año. Es el segundo impuesto más importante que tenemos, tras el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles”, ha declarado este miércoles la regidora de la ciudad.
En ese sentido, la primera edil se ha expresado con claridad. “El Ministerio ya está trabajando en una propuesta para llevar al congreso, en una modificación sobre el cálculo. Ante la situación tan compleja y complicada, es evidente que esos ingresos, que no vamos a percibir, deberán ser equilibrados de alguna manera”. Así, ha pedido soluciones. “La FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) plantea que se genere un fondo de compensación por parte del Estado, para poder equilibrar nuestros Presupuestos. Según la Constitución, se debe garantizar la capacidad financiera de los Ayuntamientos. Y si nos quitan de un plumazo estas cantidades tan importantes… esa autonomía financiera se resquebraja”, ha remarcado De Andrés.
Liquidaciones detenidas desde ya
A ese respecto, la primera edil ha adelantado que, este mismo miércoles, “se ha firmado un decreto en el que se insta al personal a que no se tramiten liquidaciones de este impuesto”. Una medida que se ha puesto en marcha con el objetivo de “no seguir aumentando la pelota”. “Hubiera sido muy beneficioso si, en 2017, cuando salió la primera sentencia, el Partido Popular hubiera hecho lo mismo. Pero lo que hizo fue hacer caso omiso y seguir cobrando el impuesto. Desde 2019, hemos tenido que tramitar 250 expedientes de devolución, de cobros indebidos”, ha enfatizado la alcaldesa. La sentencia, eso sí, no tiene carácter retroactivo, por lo que todo aquel que haya pagado ya una plusvalía (y que no haya iniciado ningún trámite para reclamar ese impuesto) no podrá beneficiarse de esta decisión judicial.
Asimismo, la primera edil ha instado al Gobierno de España a ponerse manos a la obra. “Es una situación que se debe resolver de forma inmediata. Hay que crear un fondo de compensación para esos ingresos que no se van a producir. Y hay que hacer una regulación clara para que tengamos seguridad jurídica. Porque esto trastoca de una manera importantísima la situación económica y financiera de los Ayuntamientos. Nos tienen que compensar de alguna manera”.
Fotografía: Esther Montellano
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