Sigue el procedimiento judicial contra la edil popular por la liquidación de las obras del CREAA. La Fiscalía pide diez años de inhabilitación y apertura de juicio oral contra Susana Mozo, concejala del PP en Alcorcón
El Ministerio Fiscal ha solicitado la apertura de juicio oral y diez años de inhabilitación contra Susana Mozo, concejala del Partido Popular en Alcorcón, por presunta prevaricación en la liquidación de las obras del CREAA, el Centro de Creación de las Artes de Alcorcón. Un proceso que se remonta a 2012, cuando Mozo por entonces consejera delegada de Emgiasa (la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón) con el Partido Popular y David Pérez al frente del Ayuntamiento, tomó la decisión de concluir en seco los trabajos que se estaban ejecutando en el CREAA, donde se pretendía construir el macrocentro cultural más grande de Europa.
El importe de la liquidación de estas obras ascendía a 33,9 millones de euros, pese a que Mozo no tenía potestad para firmar contratos de valor superior a 90.000 euros, según esgrimió asimismo hace unos meses el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Alcorcón. Así, y «a pesar de que la acusada sabía que no tenía capacidad para la firma del contrato”, como afirman desde el Ministerio Fiscal, Mozo finiquitó las obras del CREAA. En el momento en que se paralizaron los trabajos, el centro estaba finalizado a un 70% de su total.
Posible giro
Por todo ello, la Fiscalía ha pedido que se abra juicio oral contra Mozo, a la que el Juzgado de Primera Instancia Número 2 procesó el pasado mes de enero por indicios de delitos de «malversación» y «prevaricación» relativos a este asunto. En ese sentido, desde el Ministerio Fiscal consideran ahora que «procede imponer» a la concejala «la pena de inhabilitación especial para empleo y cargo público por tiempo de 10 años”.
Del juicio a Mozo, además, podrían depender asimismo otras causas judiciales relativas a la vida política de Alcorcón, pues la Fiscalía también ha solicitado la anulación de este contrato de liquidación de las obras del CREAA. Y es que hay que recordar que la hoy alcaldesa del municipio, Natalia de Andrés, fue condenada a finales de 2021 a cinco años de inhabilitación «para administrar bienes ajenos de titularidad pública o privada» por el Juzgado de lo Mercantil Número 6 de Madrid, debido a la quiebra de Emgiasa. Pero la cancelación de este contrato de liquidación podría hacer que su situación judicial diese un giro radical.
A la espera
«Esta cuestión trastocaría todo el concurso de acreedores (de Emgiasa). Y, a mi modo de ver, cuestionaría todo de una manera clara y supondría la revisión de todo el procedimiento del concurso de acreedores, con la posibilidad incluso de la anulación de la sentencia emitida por el Juzgado de lo Mercantil», señaló este martes la propia alcaldesa, en rueda de prensa. De Andrés, hay que recordar, recurrió hace unos meses esa sentencia contra su persona, que todavía no es firme, y que, entre otras personalidades, también inhabilita por diez años a Enrique Cascallana, exalcalde de Alcorcón.
En rueda de prensa hemos informado de las últimas noticas judiciales aparecidas en medios de comunicación que afectan a una concejala del Ayuntamiento de #Alcorcón por sus actuaciones en el periodo q fue alcalde @davidperez.
Se puede escuchar completo en: https://t.co/BceeBxKFSI pic.twitter.com/XkFOhvLO4D— Natalia de Andres (@natadeandres) November 22, 2022
Desde alcorconhoy.com hemos contactado con el Partido Popular de Alcorcón, por si quisieran puntualizar algo con respecto a este asunto. Sin embargo, desde la formación azul no quieren hacer declaraciones.
Fotografía principal: Esther Montellano
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