De Andrés ha querido pronunciarse al respecto de la apertura de juicio oral contra la concejala del PP por la liquidación de las obras del CREAA. La alcaldesa de Alcorcón afirma que el caso contra Susana Mozo podría anular su propia condena
La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, ha manifestado públicamente su opinión tras la nueva información relativa la apertura del juicio oral contra la concejala del Partido Popular Susana Mozo, por presunta prevaricación en el proceso de liquidación de las obras del CREAA, el Centro de Creación de las Artes de Alcorcón. Y es que, tal y como contamos en alcorconhoy.com, la Audiencia Provincial de Madrid ha requerido a Mozo que se siente en el banquillo el 23 y el 24 de mayo por haber firmado en 2012 ese contrato de liquidación, de 33,9 millones de euros, cuando, por su cargo, no podía firmar documentos de valor superior a 90.000 euros.
Por entonces, Mozo era parte del Gobierno de David Pérez en el municipio y consejera delegada de Emgiasa, la Empresa de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón. El auto de la Audiencia Provincial anuncia el inicio de las sesiones de juicio oral contra la edil popular por ese presunto delito de prevaricación, legislado en el artículo 404 del Código Penal, y vinculado también al proceso de liquidación de la empresa para la gestión de Emgiasa, que entró en concurso de acreedores. Y que ahora, por cierto, el Consistorio está intentando recuperar.
Así, De Andrés ha cargado con dureza contra Mozo. «Por primera vez en la historia de nuestra ciudad, una edil del Ayuntamiento de Alcorcón se sienta en el banquillo en un juicio oral acusada de un delito penal en el ejercicio de su cargo», ha declarado la alcaldesa sobre la situación del caso contra la edil popular. En relación con la actual situación política de Mozo como concejala en la oposición del PP, la alcaldesa también se ha mostrado firme. «Exigimos, por coherencia, una reacción contundente. Ya que, en este caso, hablamos de un delito penal que afecta a una concejala que aún hoy forma parte de la Corporación Municipal«.
Una ventana abierta
Aunque ahí no queda todo. De Andrés, sobre quien pesa una condena del Juzgado de lo Mercantil Número 6 de Madrid a cinco años de inhabilitación para la administración de «bienes ajenos de titularidad pública o privada» derivada de la quiebra de Emgiasa, ha señalado asimismo que el caso de Mozo podría afectar el concurso de acreedores de la empresa pública. Y, por tanto, liberarla de su responsabilidad y de esa condena. Un asunto, a ese respecto, sobre el que ya se pronunció de forma similar el pasado mes de noviembre, cuando la Fiscalía pidió la apertura de juicio oral contra Mozo.
De esta forma, la socialista se ha referido de forma implícita a su compleja situación, tras el procedimiento abierto por las obras de liquidación de Emgiasa. «Si el juez avala la nulidad de este contrato, según solicita la Fiscalía, pediremos que se retrotraigan todas las consecuencias derivadas del mismo. Es decir, el concurso de acreedores y las resoluciones en el ámbito mercantil que tanto utiliza el PP«.
Al hablar de las «consecuencias derivadas del mismo», la edil se refiere a la sentencia emitida por el juez del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid en la que se daba la razón a la Fiscalía por la quiembra de Emgiasa, calificando como culpables a los administradores de la compañía. Entre ellos la actual primera edil, a la que se condenó a cinco años, y el exalcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana, que recibió una pena de diez años de inhabilitación. Posteriormente, la alcaldesa interpuso un recurso contra la sentencia al «no ajustarse a la realidad de los hechos». «Está apelada. De momento la Audiencia Provincial todavía tiene que pronunciarse», ha señalado De Andrés. Por tanto, y hasta su ratificación, la condena está en suspensión.
Antecedentes
Los hechos por los que se va a juzgar a Mozo sucedieron en el año 2012, cuando la concejala desempeñaba su cargo público como edil y consejera delegada de Emgiasa para el gobierno popular de David Pérez. En aquel momento, el Ayuntamiento liquidó el contrato que vinculaba a la empresa Emgiasa y el CREAA con la unión temporal de las constructoras FCC Construcción y Ferrovial Agroman.
Por entonces, el desarrollo de la obra, proyecto mediante el que Cascallana quería construir el centro cultural más grande de Europa en el Parque de Los Castillos Los Castillos, se encontraba en un 70%. Sin embargo, el consistorio alegó falta de fondos e irregularidades contables sobre la empresa pública que acabaron conduciéndola a un concurso voluntario de acreedores ese mismo año. Finalmente y dos años más tarde, se completó la fase de liquidación con los acreedores.
Mozo fue la responsable de la firma del contrato de liquidación del contrato del CREAA por un valor de 33,9 millones de euros. Sin embargo, con ello, la concejala firmó una cifra muy superior a la que le permitía para su cargo, que solo le autorizaba a rubricar documentos de hasta 90.000 euros. Algo que es constitutivo de un delito penal por presunta prevaricación. Asimismo, el Ayuntamiento de Alcorcón carecía de informes técnicos preceptivos ni certificaciones de obra o acopios que justificaran la liquidación contractual.
De Andres se querelló contra Mozo
A principios de 2019, cuando el PSOE se encontraba en la oposición, De Andrés interpuso una querella contra Mozo por este asunto. En un principio, la querella fue archivada, pero la Audiencia Provincial de Madrid decidió reabrir el caso. Posteriormente, el Ayuntamiento de Alcorcón decidió personarse en la causa.
De Andrés ha querido recordar, de la misma forma, los motivos que la llevaron a interponer la querella. «Este contrato ha servido para promover el concurso voluntario de acreedores que solicitó el Gobierno del PP y que tuvo como consecuencia la liquidación de la empresa pública de vivienda. Se trata de un hecho muy grave, de un proceso por el que se solicita (a Mozo) responsabilidad patrimonial», ha afirmado la alcaldesa.
Exigencia de responsabilidades
Con todo ello, De Andrés ha exigido, tras las nuevas informaciones, acciones al Partido Popular contra la concejala. «El PP ha lanzado durante años campañas en torno a resoluciones mercantiles y una inhabilitación que en ningún caso afecta al desempeño de un cargo público ni a la gestión municipal. ¿Qué va a hacer en este caso? Exigimos, por coherencia, una reacción contundente ya que, en este caso, hablamos de un delito penal que afecta a una concejala que aún hoy forma parte de la Corporación Municipal«.
Para la alcaldesa, «este contrato y toda esta actuación por parte del PP derivó en la liquidación de la empresa pública«. «Si se confirma que este contrato nunca debió existir, exigiremos que se retrotraigan todas las consecuencias que se derivaron de aquella firma que resultó ser nefasta para esta ciudad y para su patrimonio». Habrá que ver, ahora, cómo sigue todo este procedimiento.
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