El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcorcón ha denunciado las maniobras de la oposición

La oposición

La oposición suplanta en un juicio paralelo al juzgado de lo mercantil en la Comisión de Seguimiento de EMGIASA

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcorcón ha denunciado las maniobras de la oposición (PSOE, Ganar Alcorcón, Ciudadanos e Izquierda Unida), que han pactado unas conclusiones en la Comisión de Seguimiento de EMGIASA que cuestionan el trabajo de los administradores concursales nombrados por el juzgado de lo mercantil Nº 6 y el del propio juez. El PP lamenta que la oposición está haciendo un juicio paralelo al que está teniendo lugar en el juzgado, con la única intención de confundir a la opinión pública con mensajes falaces sin base legal ni prueba alguna.

El PP recuerda que la actuación del Consejo de Administración y de la Presidencia de EMGIASA desde junio de 2011, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno de Alcorcón, hasta el auto de liquidación, es “impecable, leal, legal y transparente”, como demuestra el hecho de que “ni los administradores judiciales, ni el juez, ni los acreedores han impugnado acuerdo alguno desde 2011” que pudiera perjudicar a la masa concursal. Asimismo, el PP asegura que el concurso de acreedores “ha informado en todo momento de manera leal, objetiva y responsable al juez de lo mercantil”.

Por el contrario, el Partido Popular recuerda, y así ha quedado acreditado por el juzgado de lo mercantil Nº 6, que EMGIASA contaba con una deuda de 333 millones de euros en junio de 2011. Igualmente, que el Consejo de Administración de EMGIASA, en aquella época presidido por la portavoz socialista Natalia de Andrés, no provisionó en los años 2009 y 2010 las sentencias sobre las expropiaciones del Ensanche Sur, que elevaban la deuda de EMGIASA en más de 52 millones de euros. A pesar de ello, el Consejo de Administración decidió en 2010 un reparto de dividendos de manera injustificada, pues las cuentas no reflejaban la realidad de la sociedad, claramente insolvente, motivo por el que el fiscal solicita 5 años de inhabilitación para la portavoz socialista Natalia de Andrés.

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