La trabajadora descubrió el espionaje sexual del que era objeto por casualidad, al visionar un pendrive que encontró en el suelo.
Todo ocurrió en febrero de 2016, cuando encontró un USB en el suelo de la recepción de la clínica dental donde trabajaba. En un primer momento pensó que algún paciente lo había perdido. Ingenuamente, lo introdujo en el ordenador con la intención de hallar alguna pista sobre su dueño, pero se llevó una desagradable sorpresa descubriendo que eran imágenes de ella en el cambiador
La sentencia de primera instancia consideró probado que su jefe era el autor de las imágenes tomadas en un pequeño laboratorio-almacén de la clínica, que la trabajadora utilizaba para cambiarse de ropa y ponerse el uniforme del trabajo. Al menos en seis ocasiones, el acusado accionó un aparato de grabación de imagen y sonido, que dejaba conectado.
El juzgado de Móstoles dictaminó que se había vulnerado el derecho a la intimidad y a la propia imagen de la afectada, y que el condenado dirigió el tiro de cámara hacia “la parte inferior del cuerpo, lo que revela que su intención era grabar a la demandante mientras se cambiaba”.
La resolución que obliga al dentista a pagar 62.500 euros es la de mayor cuantía registrada en España por un delito de derecho a la intimidad de un trabajador, según la base de datos Aranzadi, especializada en información jurídica
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