El Ayuntamiento reclama políticas para quienes el Plan Vive deja desamparados. Alcorcón exige vivienda directa para las rentas más bajas.

El Ayuntamiento de Alcorcón ha situado la vivienda en el centro de su ofensiva política, tal y como pudo comprobarse en el último Debate sobre el Estado del Municipio de 2026, donde lanzó una crítica directa al «Plan Vive» de la Comunidad de Madrid. Según la propuesta de resolución aprobada por el Gobierno local, este programa regional genera una «brecha de exclusión» al exigir unos niveles de ingresos mínimos que muchas familias vulnerables no alcanzan, quedando fuera de las adjudicaciones actuales. Ante esta situación, el Consistorio ha instado al Ejecutivo autonómico a recuperar la promoción directa de viviendas a través de la Agencia para la Vivienda Social (AVS).

Desde el Ayuntamiento de Alcorcón se sostiene que el modelo regional actual desatiende a quienes sufren mayores dificultades económicas. La alcaldesa Candelaria Testa ha reafirmado que la vivienda debe protegerse como un «derecho constitucional» y no como un simple bien de mercado, y ha solicitado una intervención pública que tope los precios y ofrezca alternativas reales. Por ello, la resolución exige políticas que atiendan específicamente a los grupos que el Plan Vive deja desamparados por sus requisitos de renta.

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Alcorcón exige vivienda directa para las rentas más bajas

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Al mismo tiempo, como alternativa, Alcorcón sigue impulsando su propio modelo público con el desarrollo de Retamar de la Huerta, que contará con 1.123 viviendas de protección pública bajo gestión municipal. A estas se sumarán 224 unidades en colaboración con SEPES para ampliar la oferta disponible. Todas estas promociones se gestionarán a través de la plataforma ‘HabitaAlcorcón’, con el objetivo irrenunciable de que ninguna familia del municipio deba destinar más del 30 % de sus ingresos al alquiler.

En definitiva, Alcorcón reclama a la administración regional una implicación que vaya más allá del Plan Vive. La resolución aprobada exige ayudas para alojamientos temporales y una intervención directa que garantice un hogar digno para aquellos vecinos con rentas bajas que hoy se encuentran en un limbo administrativo.

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