Lo ha hecho en el Senado. La alcaldesa de Alcorcón pide aplicar el artículo 155 para obligar a Ayuso a cumplir con la Ley de Vivienda.
Este miércoles, Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón, ha reclamado en el Senado la aplicación del Artículo 155 de la Constitución Española para obligar a la Comunidad de Madrid a cumplir la Ley estatal de Vivienda. Una petición que ha realizado durante su comparecencia en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, en la que ha analizado el impacto de la normativa dos años después de su entrada en vigor.
Presión institucional para aplicar la Ley de Vivienda
La regidora ha acusado a Isabel Díaz Ayuso de no aplicar la ley por “sectarismo ideológico”, lo que, a su juicio, impide declarar zonas de mercado tensionado y regular los precios del alquiler. “Se trata de un drama social urgente y crítico”, ha subrayado, defendiendo que esta herramienta permitiría limitar los precios durante tres años y movilizar hasta 1.000 millones de euros en políticas de vivienda en la región.
Durante su intervención, Testa ha defendido que “la vivienda no puede ser un bien de mercado”, insistiendo en la necesidad de intervenir para garantizar el acceso a un hogar. En este sentido, ha recordado que varios ayuntamientos madrileños, que suman más de 800.000 habitantes, impulsaron una iniciativa conjunta para aplicar la ley estatal, aunque esta fue rechazada con los votos de PP y Vox en la Asamblea regional.

Datos y desigualdad en el acceso a la vivienda
La alcaldesa ha apoyado su argumentación en datos comparativos, señalando que en ciudades como Barcelona el precio del alquiler ha descendido un 4,9 %, mientras que en Madrid ha aumentado un 9,7 %. También ha destacado que el coste por metro cuadrado en la capital alcanza los 22,7 euros, frente a los 15,43 euros registrados en Alcorcón.
Más allá de las cifras, Testa ha puesto el foco en el impacto social de la situación, aludiendo a jóvenes, familias, personas mayores o víctimas de violencia de género con dificultades para acceder a una vivienda. Finalmente, ha reiterado su compromiso de seguir defendiendo este derecho “en todas las instancias”, incluido el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, hasta lograr su aplicación efectiva en la Comunidad de Madrid.
Fotografía principal: Ayuntamiento de Alcorcón.
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