Manifestación en los Juzgados contra Blackstone y sus condiciones «abusivas». Protesta en Alcorcón contra las subidas de alquiler a decenas de vecinos por fondos buitre
En la mañana de este martes, 6 de junio, cerca de un centenar de personas se han congregado a las puertas de los Juzgados de Alcorcón. Lo han hecho ataviadas con camisetas naranjas, corporativas del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Allí, en los Juzgados, los manifestantes han presentado su apoyo mayoritario a María Palop, una de las vecinas de nuestro municipio afectadas por las condiciones abusivas del fondo de inversión estadounidense Blackstone, propietaria de miles de viviendas de alquiler en España y que demandó a Sandra y a muchos otros vecinos de toda la Comunidad de Madrid por no querer plegarse ante las nuevas cláusulas que pretendían imponerles.
El juicio contra Sandra ha sido el primero en celebrarse en la capital. Ella vive en una de las viviendas que fueron construidas originalmente en régimen de protección oficial en las calles Bratislava y Estocolmo y por la Comunidad de Madrid hace dos décadas, pero que son propiedad de Blackstone desde hace algún tiempo. A finales de 2021, la compañía decidió romper las condiciones primigenias de estas casas, y optó por subir el alquiler en cerca de un 30% e incluso un 40% a las familias que allí residen. A consecuencia de este aumento, los inquilinos han pasado de pagar 650 euros al mes de alquiler, a tener que afrontar pagos de entre 850 y 900. Desde Blackstone, que busca una mayor rentabilidad, se amparan en que son libres de hacerlo, pues el periodo de protección de las viviendas ya ha expirado.
Aumento considerable del alquiler
Debido a estas crecidas, decenas de familias han tenido que abandonar las viviendas en las que residían desde hacía décadas, por culpa de estas condiciones que consideran «abusivas». Pero otros vecinos, como Sandra, decidieron quedarse y plantar cara a Blackstone y a Testa Home, su filial en España y que fue la entidad que adquirió a bajo coste estas cuando quebró la promotora que, inicialmente, las había construido –es más, de ahí viene el nombre de ‘fondo buitre’–. Aunque Blackstone no solo le ha subido el alquiler a sus inquilinos, sino que, además, les ha comenzado a imponer cláusulas como el pago del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) de la vivienda o el abono la cuota de la comunidad de vecinos. Conceptos de los que, originariamente, se hace cargo el propietario del inmueble.
Pero Sandra y muchos de sus vecinos se plantaron, y no cedieron a las condiciones del fondo de inversión. Aunque eso sí, han seguido pagando su renta ‘antigua’, mes a mes. Ante esto, Blackstone y Testa decidieron demandar a Sandra y a sus vecinos ‘rebeldes’, que se han hecho fuertes ahora junto al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Alcorcón, que también se han sumado a su causa.
Entretanto, desde la constructora se está preparando el desahucio de algunos de los afectados por sus nuevas condiciones. Como John, un hombre nigeriano y padre de tres hijas, que deberá abandonar su vivienda en la mañana de este jueves 8 de junio. Aunque tanto el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Alcorcón se han movilizado para que este lanzamiento no se produzca.
Negociaciones difíciles
De momento, el juicio contra Sandra se ha saldado con un principio de acuerdo con Blackstone. Según el mismo, la inquilina seguirá pagando de alquiler la misma cantidad que ha venido abonando hasta ahora, mas deberá dejar la vivienda en seis meses. La voluntad del fondo de inversión es clara: que todos los vecinos que no se acoplen a sus condiciones, abandonen sus casas. Una postura que sería «ilegal» según la Ley de Vivienda, como así lo defienden desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos.
En los últimos meses, el Ayuntamiento de Alcorcón también ha mostrado su apoyo a los vecinos afectados. Es más, el pasado mes de diciembre, desde el Consistorio se aprobó una moción en Pleno para exigir a Blackstone una negociación colectiva, para que las familias afectadas pudieran mantener las casas en las que han vivido las últimas dos décadas sin subidas tan considerables. Mas esta negociación, que sí que fructificó en 2018 en Torrejón de Ardoz, está muy lejos de cristalizarse. Ni en Alcorcón, ni en otros de los municipios afectados por la misma problemática, como Getafe, Aranjuez, la propia localidad de Torrejón o barrios de Madrid como Carabanchel y Vallecas.
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