59 inmuebles arrastran cambios administrativos y varios problemas. Intenso debate en Alcorcón con el Plan Permuta de fondo
El Ayuntamiento de Alcorcón vuelve a vivir un nuevo capítulo de confrontación política, esta vez por la situación de las 59 viviendas del Plan Permuta, un proyecto que desde hace años arrastra polémica y cambios administrativos. El Partido Popular ha solicitado la comparecencia del concejal de Seguridad Ciudadana y Patrimonio, David López, para aclarar en qué punto se encuentra el uso de estos inmuebles.
El portavoz del PP, Roberto Marín Vergara, ha denunciado que estas viviendas llevan más de 16 años vacías, señalando además que han estado en riesgo de ocupación ilegal, como ocurrió en la calle Badajoz. Los populares reclaman «actuaciones inmediatas» y recuerdan que en septiembre plantearon la puesta en marcha del Plan Alquila Joven, con el objetivo de destinar estos pisos a alquiler asequible para jóvenes ante la «escasez de oferta pública de vivienda» en el municipio.

Respuesta desde el Gobierno local
Desde el Gobierno local, la respuesta ha sido contundente. David López, concejal de Seguridad, ha defendido que el Plan Permuta fue «una buena iniciativa pública que fracasó cuando el Partido Popular entró a gobernar», acusando a los populares de haber llevado a Emgiasa al concurso de acreedores, lo que —según afirma— limitó durante más de una década la capacidad municipal para actuar en materia de vivienda.
López también criticó que se pretenda abordar el problema de acceso a la vivienda «con solo 59 pisos», algo que consideró «reírse de la ciudadanía». En este sentido, instó al PP a pedir a la presidenta regional que aplique «de una vez la Ley de Vivienda Estatal», recordando que el incremento del alquiler en Alcorcón es un problema que afecta “a toda la región”.

Qué era el Plan Permuta
El Plan Permuta, iniciado en 2011, ofrecía a personas mayores o con movilidad reducida la posibilidad de intercambiar sus pisos por viviendas adaptadas en el Ensanche Sur, mientras que sus antiguos hogares pasarían a destinarse al alquiler juvenil. Sin embargo, tras la entrada de Emgiasa en concurso, la administración concursal reclamó las viviendas adaptadas y planteó a los beneficiarios comprar el inmueble o regresar a sus antiguos domicilios.
Finalmente, el Ayuntamiento adquirió 59 viviendas, con una inversión cercana a los 7 millones de euros, para garantizar su uso social. Desde el Gobierno local defienden que este esfuerzo se ha hecho para «facilitar la vida de nuestros mayores y personas con movilidad reducida«, y remarcan que continuarán avanzando en políticas de vivienda pública.
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