Ya hay condena por la tragedia de Alvia en la que fallecieron dos vecinos de Alcorcón

Es la primera sentencia judicial al respecto. Ya hay condena por la tragedia de Alvia en la que fallecieron dos vecinos de Alcorcón

Un año después de la conclusión del juicio y tras más de una década desde el siniestro, se ha emitido la primera sentencia judicial relativa al accidente del tren Alvia ocurrido el 24 de julio de 2013, que resultó en la muerte de 79 personas y dejó 145 heridos en Santiago. Entre las víctimas mortales, se encontraban dos vecinos de Alcorcón.

Francisco Garzón Amo, maquinista del tren, y Andrés Cortabitarte, director de Seguridad en la Circulación de ADIF en aquel entonces, han sido condenados a dos años y medio de prisión por 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones por imprudencia grave, excluyendo a dos casos. El veredicto atribuye el descarrilamiento a la falta de medidas de seguridad adecuadas y a la distracción de Garzón, que no frenó a tiempo en la curva de A Grandeira. Las compensaciones para las víctimas superan los 25 millones de euros.

La sentencia, apelable ante la Audiencia Provincial de A Coruña, impone condena al único funcionario público juzgado, a pesar de que la Fiscalía retiró los cargos contra él durante el proceso. La jueza Elena Fernández Currás determinó que el error humano de Garzón, quien abordó la curva a más del doble de la velocidad permitida debido a una llamada telefónica, no fue el único factor del accidente. Según la sentencia, el tren alcanzó una velocidad que aseguraba el descarrilamiento, ya que no existían medidas en la vía que protegiesen en caso de incumplimiento de las normas de velocidad establecidas.

Inhabilitados durante más de cuatro años

La magistrada ha determinado que tanto Cortabitarte, quien ocupó el cargo de jefe de Seguridad de Adif de 2005 a 2013, como el conductor del tren Alvia, son responsables por igual de la tragedia. Ha dictado que ambos violaron el deber de cuidado impuesto por sus funciones y los ha inhabilitado para ejercer sus profesiones por un periodo de cuatro años y medio. El maquinista desatendió «la más elemental de las precauciones» al atender una llamada telefónica no urgente durante 100 segundos, ignorando la información de los documentos del tren, las señales laterales y una alerta acústica previa. Por otro lado, el exdirector de Seguridad de Adif avaló la seguridad de la línea ferroviaria y autorizó su funcionamiento en 2011, a pesar de que un análisis preliminar de riesgos, realizado por la empresa adjudicataria del proyecto, había señalado el riesgo de descarrilamiento en Angrois.

La mencionada empresa sugirió implementar el sistema de freno automático ERTMS para reducir el riesgo identificado, pero esta tecnología, que supervisa constantemente la velocidad del tren, no fue instalada. Aunque estaba incluida en el diseño original, el proyecto fue alterado, eliminando el ERTMS, cambio que fue aprobado por Cortabitarte. La jueza ha calificado de «incomprensible» la ausencia de una protección tan crucial en este tramo peligroso, cargando toda la responsabilidad en el maquinista y «sin analizar y gestionar los riesgos en materia de seguridad» que exige la ley.

La jueza dictaminó que la tragedia de Angrois podría haberse evitado «no solo si el maquinista hubiera estado atento, sino también si se hubieran adoptado medidas que controlasen la velocidad del tren» en una zona que requería una reducción significativa, o si la señalización hubiese captado la atención del maquinista de manera más evidente. El veredicto menciona varias «soluciones técnicas viables» que podrían haber prevenido el desastre, como la ampliación del sistema ERTMS para incluir la curva peligrosa o, en ausencia de este sistema avanzado, la instalación de señales de limitación de velocidad permanente con balizas asociadas.

Compensación económica

La sentencia también justifica la condena a un funcionario de Adif, refiriéndose a las modificaciones que la entidad pública realizó en otras áreas de España con variaciones abruptas de velocidad similares a las necesarias para la curva de A Grandeira, tras el accidente en Santiago. Se identificaron más de 300 puntos con características parecidas. La magistrada señaló que «antes no se había valorado que quien puede generar el riesgo de exceso de velocidad es un humano que puede fallar». Asimismo, destaca que existían métodos para «minimizar» el riesgo de descarrilamiento en estos lugares, los cuales no se implementaron antes del siniestro que resultó en la muerte de 79 personas en Santiago.

Los dos individuos sentenciados deben compensar a las víctimas con 25 millones de euros en indemnizaciones, siendo las aseguradoras de Adif y Renfe (Allianz Global y QBE) responsables civiles directos. Las indemnizaciones se han incrementado en un 50% sobre el baremo estándar de accidentes de tráfico. La magistrada argumenta que es necesario «cubrir el mayor daño moral que deriva de la vivencia de un accidente catastrófico como el ocurrido o de la angustia, zozobra y ansiedad padecida por los familiares de los viajeros que resultaron fallecidos». También menciona «la frustración de la confianza en la seguridad de un medio de transporte como el ferroviario», lo cual «hace más propensas a estas víctimas o perjudicados al padecimiento de un trauma o un duelo patológico».

Dos vecinos de Alcorcón, víctimas mortales del accidente

Como se mencionó previamente, un residente de Alcorcón fue una de las víctimas mortales en el reciente accidente ferroviario. David Bernardo Monjas, de 36 años, vivía en este municipio con su pareja, Olga Buitrago Valbuena, de 28 años, quien lamentablemente también perdió la vida en el siniestro. La pareja se había conocido mientras trabajaba en el AVE, donde ambos eran miembros de la tripulación del tren y habían estado al servicio de Renfe durante aproximadamente seis años. David se dedicaba a la atención de los pasajeros y Olga estaba a cargo de la cafetería del tren.

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