Nuevo episodio. Las primarias de Más Madrid Alcorcón llegan a los tribunales: tres investigados por presuntas irregularidades
El secretario de Organización y Formación de Más Madrid, Gabriel Ortega, deberá declarar ante la Justicia el próximo 28 de octubre por una investigación sobre supuestas irregularidades en las primarias del partido. El procedimiento tiene su origen en una denuncia presentada por militantes que sostienen que se manipuló el censo de participantes para favorecer a las candidaturas próximas a la dirección de la formación, con especial repercusión en Alcorcón.
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcorcón, plaza número 7, investiga los hechos por un posible delito de falsificación de documentos públicos, según la información publicada por “La Razón”. Junto a Ortega, el juez ha citado a Alessandra Romero Guijarro, concejala de Salud Pública, Consumo y Bienestar Animal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Alcorcón, y a un trabajador de la Secretaría de Organización del partido.

La investigación judicial se inició este verano a raíz de la denuncia de varios militantes, que cuestionaron la regularidad del proceso interno de elección de candidatos. Las acusaciones apuntan a una supuesta manipulación del censo y de los mecanismos de acreditación de la militancia para determinar quién podía participar en las votaciones. Por el momento, se trata de hechos bajo investigación y de acusaciones formuladas por los denunciantes, no de responsabilidades penales acreditadas.
Una diferencia de tres votos en las primarias de Alcorcón
El conflicto tiene su origen en las primarias locales de Más Madrid para elegir al candidato a la Alcaldía de Alcorcón en las elecciones municipales de 2027. Manuel San Pastor se impuso a Trinidad Castillo, teniente de alcaldesa y portavoz de la formación en el Consistorio, por un margen de apenas tres votos.
Según los datos recogidos en la información de La Razón, San Pastor obtuvo 90 apoyos, frente a los 87 conseguidos por la candidatura de Castillo. Los militantes denunciantes sostienen que el resultado pudo verse condicionado por la incorporación irregular de alrededor de 70 personas al censo de participantes.
La denuncia señala que esas supuestas irregularidades habrían beneficiado a las candidaturas vinculadas a la dirección del partido. Los denunciantes atribuyen a Ortega un papel en la presunta operativa y señalan a Romero por su supuesta intervención en la inscripción de participantes en Alcorcón. Estas afirmaciones forman parte de la tesis de los denunciantes y deberán ser contrastadas durante la investigación judicial.
La exclusión de Trinidad Castillo y las dudas sobre el censo
La disputa también afecta a la participación de Trinidad Castillo y de uno de sus asesores en el proceso interno. Según la información publicada, ambos no pudieron concurrir a las primarias al habérseles denegado la condición de militantes, una decisión que los críticos cuestionaron al considerar que su condición de cargos públicos respaldaba su derecho a participar conforme a las normas internas del partido.
Los denunciantes sostienen que el sistema utilizado para acreditar la afiliación y la antigüedad de los participantes habría permitido modificar quién podía votar y quién podía presentarse como candidato. En la documentación aportada a la Justicia, cuestionan las garantías de la herramienta digital empleada por la Secretaría de Organización para gestionar las acreditaciones.

A su juicio, el mecanismo habría servido para alterar el censo de manera selectiva y condicionar el resultado de las votaciones. La denuncia plantea, además, que las supuestas irregularidades no se limitarían a Alcorcón, sino que podrían haberse producido en otras agrupaciones de la Comunidad de Madrid.
La investigación también alcanza a las primarias autonómicas
El procedimiento no se circunscribe únicamente a la elección del candidato a la Alcaldía de Alcorcón. La investigación aborda también presuntas irregularidades en las primarias autonómicas de Más Madrid, en las que Mónica García fue elegida para encabezar la candidatura regional. Los denunciantes consideran que el supuesto sistema de alteración del censo habría podido utilizarse para favorecer a las listas cercanas a la dirección del partido frente a candidaturas críticas con la cúpula.
En su escrito, cuestionan tanto la gestión de los datos de afiliación como la emisión de certificados y la validación de la participación. También apuntan a una posible actuación coordinada de distintas personas con responsabilidades orgánicas, aunque estas hipótesis deberán ser examinadas por el juzgado.
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