El TSJM defiende a la Comunidad de Madrid, tras la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de nuestra ciudad. La Justicia respalda a Ayuso en la gestión de las residencias de Alcorcón en la primera ola del Covid-19
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), por medio de la Sala Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha determinado que no hubo inactividad por parte de la Comunidad de Madrid en la gestión de las residencias de ancianos en los municipios de Alcorcón y Leganés, durante la primera ola de la pandemia del Covid-19. Con ello, ha desestimado el recurso presentado hace dos años y medio por el Ayuntamiento de Alcorcón, que pedía responsabilidades en esa materia al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y que exigía “medicalizar” estas residencias. O lo que es lo mismo: adaptarlas y equiparlas para que pudieran prestar servicio de hospital, cuando fuera necesario.
Sin embargo, y a pesar de que, en un primer momento, la Justicia, por medio del propio TSJM, sí que instó a la Comunidad a medicalizar esas residencias y a proteger mejor a sus ancianos, el TSJM ha fallado ahora en favor de Ayuso. Así, el poder judicial entiende que no hubo «inactividad de la administración de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias» durante esa primera ola en las residencias. Todo lo contrario a lo dispuesto por el Ayuntamiento de Alcorcón, que, en su denuncia contra la Comunidad de Madrid, interpuesta en abril de 2020, consideraba que el Ejecutivo de Ayuso no cumplió con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Orden SND/265/2020, publicado el 19 de marzo de 2020 en el Boletín Oficial del Estado por el Ministerio de Sanidad.
Controversia
En el BOE, el Ministerio de Sanidad pedía que se adoptasen “medidas relativas a las residencias de mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19”. Sin embargo, la Corporación de Alcorcón entiende que las residencias no contaban con los medios adecuados, porque la Consejería de Sanidad de la Comunidad no les dotó de ellos.
Sin embargo, ahora la Justicia no lo ve así. El TSJM entiende que las indicaciones del Ministerio de Sanidad eran solo informativas y que estaban sujetas a los “principios de necesidad y proporcionalidad”. “Se trata de un elenco de facultades o posibilidades de actuación cuya concreción o materialización en cada caso implica el ejercicio de una actividad puramente discrecional, que deberá adoptarse en función de la disponibilidad de recursos y la valoración de las necesidades concurrentes en toda la Comunidad de Madrid”, estiman los jueces.
Dos magistradas, de acuerdo con el Ayuntamiento
Por tanto, la sentencia no considera que exista responsabilidad de la Comunidad de Madrid en este sentido. Aunque eso sí, dos magistradas de los cinco jueces que han formado parte del tribunal de este caso sí que consideran que la Comunidad de Madrid pudo hacer algo más. Aunque estaban en minoría. “Entendemos que aquellas órdenes (las dispuestas en el BOE) obligan a la Comunidad de Madrid a una prestación material debida, concreta y determinada, en favor de los residentes y trabajadores, consistente en modificar su uso (el de las residencias) para darles un uso hospitalario», remarcan.
Estas dos juezas, por tanto, refieren que “frente al fallo desestimatorio que acoge la sentencia dictada en mayoría, debió acogerse la pretensión del Ayuntamiento de Alcorcón consistente en declarar la inactividad de la Comunidad de Madrid en la adopción de las medidas precisas para la protección de la salud de las personas mayores y personas trabajadoras de las residencias». Sin embargo, y a pesar de su pinto de vista, la sentencia ha resyltado favorable a la Comunidad. Aunque eso sí, el fallo sí que da la razón a los ayuntamientos de Alcorcón y Leganés, en que sí estaban legitimados para defender los intereses de sus internos. La Comunidad de Madrid, en sus alegaciones, entendía que no era así, pues los consistorios no tienen competencias directas sobre las residencias.
El Ayuntamiento recurrirá la sentencia
La sentencia judicial no ha gustado nada en el Ayuntamiento de Alcorcón. La Corporación municipal entiende que 148 ancianos fallecieron en estos centros entre marzo y mayo de 2020, a consecuencia de la gestión que se llevó a cabo en las mismas y a la falta de medios. El fallo, por cierto, no es firme, y cabe presentar recurso contra él. Algo que harán tanto desde el Ayuntamiento de Alcorcón como desde el de Leganés, según adelanta ‘El País’.
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